El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos suscribió esta mañana un convenio de colaboración con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), una de las instituciones creadas en el marco de la reforma procesal penal que ya rige en forma plena en toda la provincia
El objetivo del acuerdo es poner a disposición del Ministerio Público de la Acusación los programas relacionados con el nuevo modelo: la mediación penal, la asistencia a la víctima de delitos a través de los Centros de Asistencia Judicial (CAJ) y el programa de gestión y control de reglas de conducta de salidas alternativas.
El acto se desarrolló en el salón Auditorio de la Casa de Gobierno de la capital provincial y fue presidido por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, y el fiscal general, Julio de Olazábal.
En la oportunidad, Lewis destacó “el apoyo del Poder Ejecutivo a las líneas de trabajo que despliega el MPA, una institución crucial en el marco de la nueva justicia penal porque tiene a su cargo la importantísima tarea de investigar y llevar a juicio los delitos. En ese sentido, la Fiscalía se está conformando para hacerlo con la máxima eficacia que se requiere”.
El ministro subrayó que en sólo cuatro días de funcionamiento del sistema, éste “ya ha empezado a mostrar sus bondades y a demostrar cómo una diferente administración de justicia es posible, a tal punto que en menos de 24 horas de sucedido un hecho en Rosario ya estaban tomadas decisiones que con el viejo sistema hubiesen demandado tres meses”.
Por último, Lewis felicitó a todos los actores del nuevo proceso penal “porque están haciendo historia, cambiando la manera en que se administra justicia en la provincia de Santa Fe”.
Por su parte, el fiscal De Olazábal indicó que en el nuevo sistema “la víctima no sólo dejó de ser una molestia como era antes, sino que es un sujeto que la Fiscalía (la parte acusadora) debe tener particularmente en cuenta porque el delito ahora no se ve como una desobediencia a la ley o al Estado sino como un conflicto que debemos tratar de solucionar”.
En ese sentido, el titular del MPA destacó que el presente convenio permitirá integrar los recursos del Estado para asistir a las víctimas e implementar salidas alternativas, como se verificó en Santo Tomé, que rápidamente y para satisfacción de las partes se logró un acuerdo reparatorio entre un joven y un comerciante que había sufrido daños en su propiedad. “Es la primera muestra concreta de que es posible solucionar conflictos penales por vías no necesariamente punitivas”, concluyó De Olazábal.
Participaron también del acto la secretaria de Transformación de los Sistemas Judiciales, María Cecilia Vranicich; la subsecretaria de Asuntos Penales, Débora Cotichini; y los directores provinciales de Control y Asistencia Post Penitenciaria, Pablo Bufarini, de Transformación del Sistema Procesal Penal, Rafael Martínez, y de Desjudicialización de la Solución de Conflictos Interpersonales, Eleonora Avilés; además de funcionarios y equipos de trabajo de distintas áreas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El objetivo es establecer protocolos conjuntos de trabajo con la Fiscalía teniendo en cuenta que en el nuevo sistema procesal penal la víctima de un delito es respetada, escuchada y atendida. Deja de tener un papel pasivo, como en el viejo modelo y se convierte en protagonista: participa de todo el proceso, obtiene una respuesta concreta a su demanda con la reparación del daño sufrido, y puede constituirse en querellante.
En este contexto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos creó cinco Centros de Asistencia Judicial (CAJ) con sus oficinas de Asistencia a las Víctimas y de Mediación Penal, para apuntalar los aspectos pertinentes del flamante sistema. En estas instituciones, que funcionan en Rosario, Santa Fe, Tostado, Vera y Reconquista, las víctimas reciben asistencia integral, contención y respuesta.
En el marco de los CAJ funcionan las oficinas de Mediación Penal, que dependen de la Dirección de Desjudicialización de la solución de los conflictos interpersonales. Se trata de un servicio público que surge como alternativa a la respuesta tradicional a los conflictos penales cuya función es intentar que los participantes solucionen los conflictos con la ayuda de un tercero neutral, experto en la materia, quien los acerca facilitando el diálogo.
Por otro lado, también priorizando soluciones alternativas para la resolución de conflictos y en el marco de la reforma procesal penal, se rediseñó el antiguo Patronato de Liberados, ahora denominado Dirección provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria, en la órbita de la Subsecretaría de Asuntos penales. Allí se puso en marcha el Programa de Gestión y Control de Reglas de Conducta, con el objeto de apuntalar las salidas alternativas.
