El gobierno provincial y la Procuración General de la Nación (PGN) organizaron, en forma conjunta, este jueves en Rosario, la jornada «Hacia una política criminal coordinada para enfrentar la delincuencia compleja», tras la cual el gobernador Antonio Bonfatti, y la procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, suscribieron un convenio de colaboración.
El acuerdo, que tendrá una vigencia de dos años, contempla la cooperación entre las partes, y el «compromiso de coordinar en forma conjunta programas o proyectos de carácter científico, técnico, de capacitación y/o de investigación».
«El de hoy es un día tremendamente importante para la provincia de Santa Fe, pero es algo muy difícil de contarlo, porque la gente no entiende de jurisdicciones, las personas tienen problemas, y está en nosotros darles respuestas», manifestó Bonfatti.
«Este convenio es trascendente, porque la gente no distingue de delitos provinciales o federales, y por eso le doy las gracias a Gils Carbó por haber venido a Santa Fe», señaló el mandatario.
El gobernador recordó que no fue sencilla la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, porque hubo que «vencer las resistencias de algunos a los que les costaba cambiar, pero lo logramos, y en eso fue importante la Corte Suprema de Justicia, los Colegios, y las universidades».
Sobre el este tema, el mandatario se esperanzó en que Santa Fe «sea un espejo en el que se puedan reflejar otras jurisdicciones».
Al concluir su discurso, el gobernador volvió a agradecer la presencia de la procuradora, y pidió «seguir trabajando juntos, porque el camino es el del diálogo y el consenso».
UN MENSAJE CLARO
«Venimos a dar un mensaje claro, queremos una política coordinada en la lucha contra el crimen», aseguró Gils Carbó, y añadió que «no puede ser que criminales queden impunes por la falta de coordinación».
«Debemos potencial la actuación de los fiscales -pidió la procuradora-, es necesario tener un Ministerio Público fuerte, para combatir las redes criminales».
Gils Carbó mostró su satisfacción y señaló la importancia de la implementación del nuevo Código Procesal Penal en la provincia, aspecto sobre el que afirmó: «Los miramos con una secreta envidia».
«Tenemos la predisposición permanente a que nos escuchemos, y ejecutemos acciones conjuntas para darles respuestas a la sociedad. Este acuerdo viene a reforzar este compromiso del diálogo», indicó la procuradora.
Finalmente, pidió trabajar para «quebrar el paradigma inquisitivo», y solicitó el «compromiso de los trabajadores judiciales», ya que de ellos también depende «el éxito del nuevo sistema».
Del encuentro, desarrollado en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), participaron, también los ministros, de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, y de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi; el Fiscal de Estado de la provincia Pablo Saccone; el secretario de Coordinación Institucional de la PGN, Lisandro Pellegrini; el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, Julio De Olazábal; la fiscal coordinadora del distrito Santa Fe de la PGN, Adriana Saccone; el procurador general de la Corte Suprema de la provincia, Jorge Barraguirre; miembros de la Corte Suprema de Santa Fe; la presidenta del Colegio de Abogados de Rosario Araceli Díaz.
PANELES
El primer panel de la actividad, fue referido a la implementación del nuevo sistema de justicia penal en la provincia, que comenzó a funcionar en forma plena el 10 de febrero pasado. Sobre este tema disertaron: el ministro de la Corte Suprema santafesina, Daniel Erbetta; la secretaria de Transformación de los Sistemas Judiciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, María Cecilia Vranicich; el fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini, y el defensor regional de esa circunscripción, Gustavo Franceschetti.
El segundo panel estuvo relacionado con la persecución de los delitos económicos y las estrategias para el recupero de activos, y tuvo como oradores al fiscal a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de la PGN, Carlos Gonella, y a la directora general de esa área, Judith König; y al fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Regional de Rosario, Sebastián Narvaja.
DETALLES DEL CONVENIO
El acuerdo suscripto «tiene por objeto establecer un marco general de cooperación entre el MPF y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en el cual las partes asumen el compromiso de coordinar acciones tendientes a desarrollar en forma conjunta programas o proyectos de carácter científico, técnico, de capacitación y/o de investigación, sin perjuicio de otro tipo de actividades que puedan llevarse a cabo en áreas de mutuo interés».
En su cláusula 2, narra que «las actividades que las partes decidan llevar adelante se instrumentarán mediante actas complementarias, que se anexarán al presente convenio y establecerán en forma específica el objeto, los plazos y demás elementos de implementación que correspondan. Los anexos podrán ser suscriptos por los representantes de ambas instituciones que se designen expresamente al efecto».
Además, se detalla que el convenio «acuerdo no implica ningún tipo de compromiso previo de orden económico o financiero ni implica erogaciones presupuestarias ni financieras para las partes. Las obligaciones de tal naturaleza serán objeto de previsión expresa en las actas complementarias o en los convenios específicos que se celebren».
En tanto, se añade que «en toda circunstancia o hecho que tenga relación con este convenio, las partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas unidades técnicas, administrativas, de ejecución y presupuestarias, y por lo tanto asumirán, en forma individual, las consiguientes responsabilidades».
Por otra parte, se detalla que «en caso de suscitarse controversias con relación a este convenio o a las actas complementarias que se suscriban, en lo que se refiere a su existencia, validez, calificación, interpretación, alcance, cumplimiento o rescisión, las partes extremarán sus esfuerzos para resolverlas de común acuerdo».
Finalmente, la última clausula establece que el «convenio tendrá un plazo de duración de dos años, prorrogándose automáticamente por períodos similares. El plazo de vigencia del mismo comenzará a correr desde el momento en el cual adquiera plena virtualidad jurídica conforme a los actos que deban dictar las partes».-
