El senador provincial por el departamento San Cristóbal Felipe Michlig informó que junto a otros senadores del bloque del Frente Progresista Cívico y Social ha presentado en la Cámara Alta de la provincia tres proyectos de ley vinculados a la cuestión de la seguridad, el primero en relación al procedimiento del juicio por flagrancia, el segundo para reformar un artículo del Código Procesal Penal de Santa Fe en relación con los allanamientos y el restante autorizando a la provincia a firmar convenios con gobiernos provinciales limítrofes en relación con la prevención de delitos.
La primera iniciativa fue suscripta por los senadores Lisandro Enrico (General López), Orfilio Marcón (General Obligado), Germán Giacomino (Constitución) y Michlig, todos radicales del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) e incorpora al Libro IV de la Ley 12.734 (Código Procesal Penal) y siguientes, el Título VII denominado “Procedimiento por Flagrancia” para establecer un juicio más abreviado en los supuestos de causas en los que se investigue imputados aprehendidos en flagrancia en la comisión de delitos.
Para fundamentar la modificación impulsada, los legisladores expresan que “desde los propios actores del nuevo sistema procesal penal surge la necesidad de contar con una herramienta más expeditiva –para los casos de flagrancia-, que desde luego permita acceder al imputado de todas las garantías procesales y de fondo, aunque en una sucesión más abreviada de actos procesales”.
En relación con la modificación del Art. 169 del mismo Código en relación con los allanamientos el proyecto de ley, rubricado por los mismos senadores Enrico y Michlig además del radical Hugo Marcucci (La Capital) y el socialista Miguel Lifschitz (Rosario), tiene por objeto modificar el Artículo 169 delCódigo Procesal Penal, Ley 12.734 y modificatorias, normativa que regula el procedimiento del allanamiento para agregar precisión a la primera parte deltercer párrafo.
De lo que se trata es de establecer si el requisito de individualizar en la orden escrita emanada de juez competente los objetos a secuestrar o las personasa detener, debe ser entendido como una regla general o como una cuestión que debe ser evaluada según las circunstancias de cada caso particular ya que la redacción actual de la norma transforma esta individualización en un requisito de validez de la orden de allanamiento.
Para los senadores que impulsan la reforma, en cambio, esta individualización no hace al origen de dicha orden. “De lo contrario, sostienen, se caeríaen la imposibilidad de detener personas en el marco de un allanamiento realizado en causas con imputado no identificado o de secuestrar elementos noconsiderados en la orden pero que cuya relevancia para la investigación en curso es evidente prima facie para quienes ejecutan la medida”.
Por último, los senadores radicales Michlig, Giacomino, Marcón, Marcucci y Enrico presentaron el proyecto de ley para lograr un marco general de colaboración entre el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe y el Ministerio Público Fiscal de las provincias limítrofes, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero y Córdoba, que les permita intercambiar información asociada al desarrolla de la investigación de los delitos, que impidan entorpecerla o retrasarla.
Mediante la firma de estos convenios, las partes se comprometen a la colaboración para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones en beneficio recíproco teniendo en cuenta que la cooperación jurídica en materia penal es un importante mecanismo para hacer frente a la delincuencia transprovincial.
