El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, se reunió con representantes de organizaciones no gubernamentales (ONGs) que trabajan en seguridad vial, a fin de analizar la marcha del Programa lanzado en septiembre para sancionar a personas imputadas o condenadas por delitos contra la seguridad vial.
Del encuentro, realizado el viernes en la sede de gobierno de Rosario, participaron también el fiscal regional Jorge Baclini; junto con demás autoridades del MJyDDHH, de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y de la Municipalidad de Rosario.
Desde esa cartera provincial indicaron que los representantes de las ONGs valoraron el Programa como una respuesta estandarizada del Estado a situaciones en las que antes, algunas veces, no se hacía nada, sin perjuicio de lo cual plantearon ciertas objeciones con espíritu constructivo.
Además se propusieron ajustes al Programa, se destacó la necesidad de seguir trabajando en forma articulada con la sociedad civil y profundizar las instancias de diálogo. En este sentido, todos coincidieron en asumir el compromiso de “generar las condiciones para que siempre, cuando haya un hecho de inseguridad vial, haya una respuesta del Estado”.
Por su parte, los representantes de la sociedad civil hicieron una serie de señalamientos “que resultaron un aporte valioso y constructivo para evaluar la marcha de la iniciativa”, informaron desde el Ministerio.
En este sentido, una de las objeciones analizadas tuvo que ver con la utilización del término “infractor”, que puede generar confusión, por lo que se afirmó la necesidad de diferenciar claramente las meras infracciones de tránsito con los delitos contemplados en el Código Penal. “La idea es generar un mensaje claro con el objetivo de concientizar y reafirmar el valor de la responsabilidad de la conducta de las personas involucradas en un incidente de tránsito”, señalaron.
Asimismo, “se escucharon los señalamientos de los representantes de la sociedad civil y a partir de ellos se planteó profundizar y ajustar nuestro trabajo en conjunto, y se llegó a un consenso en este sentido”, informaron desde la cartera provincial.
A partir de los acuerdos alcanzados se plantearon una serie de acciones futuras en el marco del Programa de Trabajo para Delitos contra la Seguridad Vial.
Por último, se destacó la importancia de la participación de la sociedad cuando se produce un hecho de inseguridad vial. En este sentido, se señaló la importancia de los testigos para colaborar con las acciones colectivas.
Del encuentro participaron también representantes de las ONGs Conciencia al volante, Padres en ruta de Pérez, Padres en ruta de Funes, Protejamos la vida, Justicia por Emi y Facu y Compromiso vial por Úrsula y Carla.
Asimismo, por el MJyDDHH, la secretaria de Transformación de los Sistemas Judiciales, María Cecilia Vranicich; la subsecretaria de Asuntos Penales, Débora Cotichini; y el director de Control y Asistencia Post Penitenciaria, Pablo Bufarini.
En tanto, por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, su titular, Jorge Tarquini; y por la Municipalidad de Rosario, el subsecretario de Gobierno, Claudio Díaz, y la subsecretaria de la Agencia de Movilidad y Seguridad Vial, Mónica Alvarado.
SOBRE EL PROGRAMA
Este programa constituye una alternativa dentro del Programa de Reglas de conducta que implementa la Dirección de Control y Asistencia Pos Penitenciaria, y es un ejemplo de la necesaria articulación –que fomenta la nueva justicia penal en vigencia desde el 10 de febrero–, entre el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público de la Acusación, los defensores del Servicio Público de la Defensa Penal, la Oficina de Gestión Judicial y el Poder Judicial, consagrando la multirrespuesta ante las conductas delictivas y garantizando el armado de redes interinstitucionales.
El programa está dividido en dos etapas: una instancia teórica con encuentros quincenales a cargo de profesionales idóneos y capacitadores dependientes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial; y una instancia práctica durante la cual los imputados realizarán tareas comunitarias.
