“… La lucha por la universalización de la salud aparece como una parte intrínseca de la lucha por la democracia, así como la institucionalización de la democracia surge como condición para garantizar la salud como derecho de ciudadanía”. Esta cita de Sonia Fleury no parece estar en la mira del proyecto del gobierno nacional. Por el contrario, la lamentable decisión de desjerarquizar el Ministerio de Salud al rango de Secretaría de Estado se corresponde con la matriz ideológica del proyecto del gobierno de la alianza Cambiemos, constituyendo un enorme retroceso institucional que Argentina no atravesaba desde las dictaduras militares, en términos de recortes en la calidad de vida y salud de la población más vulnerable.
El recorte de la Salud, se incluye dentro de un paquete de recortes que implicó el cierre de otros ministerios, como el de Trabajo y el de Ciencia y Tecnología, con el propósito de reducir el gasto público en un desesperado pedido de socorro hacia el Fondo Monetario Internacional y a los capitales especulativos, frente a la autodesatada crisis cambiaria y financiera coherente con el horizonte elegido de las políticas neoliberales.
Ya con la denominada Cobertura Universal en Salud (CUS), la Argentina viene sufriendo un proceso de ajuste en el ámbito sanitario, conllevando a una virtual privatización de la salud pública. Diversos recortes en distintos programas nacionales como el de vacunas entre otros, han sido un ejemplo de cómo, de manera autoritaria, se han discontinuado los envíos correspondientes a las provincias que no adhirieron a la CUS.
El Partido Socialista considera como parte fundamental de su programa a la libertad, la igualdad y la solidaridad como cimientos de una sociedad democrática: una sociedad sin privilegios, donde cada persona tiene su propio valor, el derecho a la autodeterminación y a la participación, a tener posibilidades de desarrollo, de definir sobre su vida, su cuerpo y su futuro. Una sociedad donde poder decidir libremente las formas de construir el bienestar, individual y colectivo, en el contexto en el que nos desarrollamos cotidianamente.
En una sociedad desigual, estas oportunidades están desigualmente distribuidas. Quienes están afectados por la desigualdad son también necesariamente menos libres para decidir sobre sus vidas y sus cuerpos, y son menos libres para discutir los condicionamientos sociales de esa desigualdad. Por ello, desde nuestra perspectiva, las personas más débiles o en situación desventajosa, tienen el derecho a políticas de apoyo y de ayuda adicionales.
Y es allí donde aparece el rol del Estado como garante del ejercicio de derechos. A través de sus políticas, debe construir los mecanismos necesarios para que los recursos colectivos se distribuyan equitativamente, garantizando así las oportunidades de decidir y participar.
En la gestión de la Municipalidad de Rosario y la Provincia de Santa Fe estas premisas estuvieron siempre presentes en los proyectos políticos y de gobierno. Desde esta mirada, se planificaron políticas en salud, basadas en derechos, porque se entendió que trabajar en salud significa trabajar en la construcción de más democracia y más ciudadanía.
Construimos así una política de salud colectiva, participativa, orientada hacia el fortalecimiento de una oferta pública en salud que no sólo atiende a la enfermedad, sino que lucha continuamente contra las condiciones que limitan, en cualquier aspecto, nuestra vida.
Con relación al derecho al aborto, por poner un ejemplo, se desarrollaron múltiples estrategias para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en nuestro país. Eso supuso adecuar la normativa local y generar herramientas de gestión para acompañar a las personas en capacidad de gestar y a los equipos de salud.
Es entonces, desde este proyecto de sociedad que repudiamos esta decisión. Es menester una transformación profunda del Estado nacional para garantizar una gestión del sistema de salud eficaz y transparente, y asumir efectivamente la autoridad de regulación en una perspectiva de cuidado de las y los ciudadanos.
Seguiremos luchando junto a todas las organizaciones, trabajadores y usuarios por más democracia y más derechos y en contra de estas medidas de ajuste antipopulares.
FIRMANTES: Andrea Uboldi, Leonardo Caruana, Miguel González, Miguel Cappiello, Mario Drisun, Silvia Tróccoli, Daniel Magliaro, Raquel Musso, Laura Rapa, Andrea Bobatto, Ana Debonis, Beatriz Alegrechi, Oraldo Llanos, Maximiliano Marc, Gabriela Quintanilla, Analía Chumpitaz, Adela Armando, Santiago Gaspoz, Gabriela Bruno, Roberto Ceballos, Maria Angelina Barbarich, Varinia Drisun, Maria Isabel Carnino, Alberto Simioni, Nora Redondo, Lelio Mangiaterra, Patricia Morales, Dora Mantello, Graciela Lucanto, Marisa Zgaga, Jorge Stetler, Alejandra Cena, Daniel Teppaz, Dario Montenegro, Jose Villamil y siguen las firmas…
