El precandidato a diputado por Sumar, Leandro Busatto, cuestionó la designación del Fiscal General, Jorge Baclini, de traspasar 195 personas desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial, para integrar el Organismo de Investigaciones. «No sólo fue una maniobra fuera de la ley, sino que un simple repaso de la lista deja en claro que estaban siendo favorecidos militantes y hasta candidatos del Frente Progresista», afirmó. El legislador presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados sobre el tema.
Luego del intento de hacer ingresar al Poder Judicial a 195 personas sin concurso, con la sola firma del Fiscal General, Jorge Baclini, Leandro Busatto, que encabeza la lista de Sumar en la categoría diputados para las próximas elecciones, criticó «la promiscuidad» entre los poderes y alertó que la intención del Frente Progresista es «instalar en la justicia incluso a actuales candidatos».
«La ley con la cual justifican esos ingresos la incumplieron, sin posibilidad de haberla malinterpretado. Estipulaba un plazo de 4 años para que personal del Estado provincial pasara al Organismo de Investigaciones. Ese plazo estaba vencido al momento que Baclini firmó la resolución. Y por otra parte, la ley dejaba en claro que para poder pasar desde el Ejecutivo al Judicial, el agente debía ser parte del Estado al momento de la sanción de la ley, en 2015. También lo incumplieron. ¿Qué mensaje le da a la sociedad el Ministerio Público de la Acusación, infringiendo las leyes? Lo que ocurrió es gravísimo», afirmó.
Además, agregó que «es muy fácil de identificar, entre las 195 personas elegidas por Baclini, a candidatos actuales del Frente Progresista, ex candidatos, e incluso familiares directos de funcionarios». «No es la primera vez que esto ocurre. Desde hace tiempo venimos advirtiendo que el gobierno provincial está disponiendo el ingreso a la justicia de gente de su confianza. En la estructura del MPA hay ex funcionarios del Ministerio de Justicia, y del Ministerio de Seguridad, que ahora están en el Poder Judicial. Pasaron de un lado del mostrador al otro, cuando una de las funciones del MPA es investigar la comisión de delitos por parte de funcionarios públicos», precisó.
En ese sentido, el legislador recordó los casos de Rolando Galfrascoli, ex subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales, y de Débora Cotichini, ex subsecretaria de Asuntos Penales, quienes hoy están dentro de la estructura del MPA. «Por eso no hay que leer esta resolución de Baclini, sin recordar lo que ya viene ocurriendo», sostuvo. «Cuando pensamos el organismo de Investigación, pensamos básicamente en un organismo transparente que pudiera generar un proceso investigativo, despojado de los vestigios de la policía que ha sido sospechada muchas veces; también de la política que muchas veces presiona y se resiste a generar procesos abiertos de investigación, y en definitiva, de cualquier vinculación que pueda entorpecer la investigación”, insistió Busatto en ese momento.
«Con estas decisiones, alejadas de la transparencia que el gobierno declama, se corre el riesgo de que el Organismo de Investigaciones, que puede ser una herramienta vital para que los santafesinos y las santafesinas tengan una justicia a la altura de sus expectativas, termine siendo un reducto al que ingresan a dedo los amigos del poder», sentenció.
Pedido de Informes
Por otra parte, el diputado confirmó que presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados, en el que solicita, en sus puntos más destacados:
1.- Informe los motivos por los cuales se han incorporados 195 agentes mediante Resolución 023/2019 de la Fiscalía General del MPA para integrar el Organismo de Investigaciones, fuera del plazo establecido en los Art. 33 y 35 del ley 13.459.
2.- Informe si los 195 agentes designados mediante Resolución 023/2019 de la Fiscalía General del MPA para integrar el Organismo de Investigaciones, cumplen con lo establecido en el Art. 28 y 35 del ley 13.459, en particular si los mismos se encontraban prestando funciones al momento de la aprobación de la Ley 13.459. En caso negativo, se informe los motivos por los cuales se ha designado a personas que no reúnen los requisitos legales.