La Asociación Médica del Departamento Castellanos (AMDC), adhiere al repudio manifestado por el Consejo Federal de Entidades Medicas Colegiadas (CONFEMECO) y expresa su más enérgico rechazo al intento de criminalización de la atención médica, en el marco de la pandemia por COVID-19, frente a la demanda penal iniciada a dos médicos que desarrollan su actividad en un geriátrico de la ciudad de Saldan, provincia de Córdoba.
A los médicos no nos anima la impunidad ni nos oponemos a la investigación de la Justicia, pero en estas circunstancias inéditas de nuestro país, cuando los profesionales de la salud nos vemos comprometidos e involucrados en la lucha contra la enfermedad, producida por un agente patógeno que desconcierta a los científicos de todo el mundo, para el cual no existe vacuna ni tratamiento efectivo comprobado, con un patrón de diseminación impredecible, se hace indispensable la adopción de medidas racionales que faciliten el ya peligroso trabajo de las medicas y médicos y que no intensifiquen los temores de contraer la enfermedad o morir producto de su desempeño en el primer lugar de atención, sumándole el acoso legal.
Este tipo de medidas desatinadas solo provocaran mayor desconfianza en nuestra sociedad, a la par que intensificaran hechos de discriminación hacia los médicos, graves hechos que los legisladores intentan paliar mediante leyes que penalicen ese accionar.
La Asociación Médica del Departamento Castellanos en línea con lo expresado por el CONFEMECO y el Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe (1º Circ.) y consustanciada con nuestro pueblo en esta catástrofe impensada, se solidariza con el conjunto de los colegas de Córdoba, trasmitiéndoles nuestro apoyo y acompañamiento, conocedores del grado de compromiso vocacional que han demostrado desde el inicio de la pandemia y que continúan en sus puestos de trabajo a pesar de las presiones de toda índole.
A la sociedad en su conjunto le solicitamos el respaldo a los miles de profesionales de la salud que se juegan a diario la vida por el bienestar de sus familias. Solicitamos a la Justicia la comprensión del estado de situación excepcional, en que se desarrolla la actividad medica, pidiendo la debida racionalidad y teniendo en cuenta además la variabilidad dinámica y permanente de los protocolos de bioseguridad.
