El Pte. Del Bloque del FPCyS, Felipe Michlig presentó un Proyecto de Declaración manifestando su “profunda preocupación” por las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, e instrumentada por la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley”, de recortar pensiones no contributivas por invalidez, fundando esta decisión en el texto del Decreto Nº 432 del año 1997.
A su vez el legislador, solicita a la autoridad nacional que “con carácter de urgente se deje sin efecto la medida hasta tanto se verifiquen fehacientemente las causales o incumplimientos por los cuales se motivan tales recortes, disponiendo la revisión de las pensiones dadas de baja en orden a evitar arbitrariedades y conculcación de derechos”.
Concordancia con el Gobernador
En los fundamentos de la declaración el Senador Michlig, expresa su preocupación por la medida que “afecta a miles de beneficiarios, muchas de las cuales carecen de fundamentos fácticos o jurídicos. Tomando palabras de nuestro Gobernador Miguel Lifschitz, ello provoca que se los deje en situación de abandono y coincido en que esto nos deja azorados, porque se trata de un tema de extrema gravedad porque son sectores de alta vulnerabilidad”, reflejó el Pte. Del Bloque del FPCyS.
“Debe ser el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio competente, el encargado de verificar el correcto otorgamiento y subsistencia de dichas pensiones y en caso de advertirse irregularidades, actuar conforme a derecho y garantizar la posibilidad que el destinatario formule descargo en tiempo y forma; pero no darla de baja y esperar que el damnificado reclame si se la deben reestablecer o no”.
Contradicen los Tratados Internacionales
“Un ejemplo palpable, continuó -que ha ganado notoriedad pública- es el caso de la atleta paralímipica de Rosario, Yanina Martínez, quien sufre parálisis y retraso cerebral grave desde su nacimiento y obtuvo la medalla de oro en los últimos juegos paralímpicos en Río de Janeiro, entre otra enorme cantidad de casos en donde se priva de ese derecho a muchísimas personas, que en un gran número son de nuestra Provincia”.
“Sostenemos que esta quita de subsidios se contradice con tratados internacionales y con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en nuestro país, reconociendo a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y no como objetos de asistencialismo”. Destacó Michlig
