El gobernador Antonio Bonfatti prorrogó por 18 meses, a partir de su vencimiento actual, la vigencia de la emergencia en materia de seguridad pública prevista en la ley Nº 13.297/12. Así lo establece el decreto Nº 1.861/14, rubricado por el mandatario provincial el pasado 26 de junio.
Al respecto, el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, dijo que “la ley de emergencia es un instrumento muy importante que nos ha permitido implementar la política de seguridad democrática, pero a su vez contar con instrumentos administrativos que nos han dejado llevar adelante la adquisición de insumos y de equipamiento con trámites abreviados”.
A partir de la sanción de la ley Nº 13.279/12 “disponemos de un Fondo de Seguridad complementario al presupuesto, lo cual es un aporte económico muy importante”, agregó el ministro.
Lamberto reconoció que “se ha avanzado muchísimo en el cumplimiento de los objetivos” pero señaló que “todavía tenemos que seguir avanzando más y nos parece que 18 meses van a ayudar a completar el objetivo de este proyecto que surgió de la Legislatura, que tuvo opiniones del Ejecutivo pero que en general fue parte de un consenso importante en materia de aportar a una política de seguridad plasmada en una ley”.
PRÓRROGA
La prórroga es una facultad prevista en el artículo 1º de la ley Nº 13.297/12, que fija extender por otros 18 meses la vigencia de la emergencia con el fin de lograr y garantizar la protección integral de la vida y los bienes de las personas.
En ese marco el Ministerio de Seguridad elaboró los informes correspondientes a los programas y planes de acciones y de obras que están en curso o en proceso de ejecución, que la prórroga podría favorecer su culminación.
LA LEY
La ley Nº 13.279/12 fue sancionada en noviembre de 2012 por la legislatura santafesina y promulgada por el Ejecutivo provincial un mes después, con las modificaciones propuestas oportunamente sobre algunos artículos de la norma.
Entre otros aspectos, la ley faculta al gobierno a “reajustar los recursos y disponer todo lo conducente para reestructurar y organizar la Policía de la provincia en unidades territoriales más pequeñas; constituir un Cuerpo Táctico Unificado y una Dirección General de Investigaciones de carácter provincial; instaurar responsables distritales de seguridad; fomentar la participación ciudadana en la selección de las autoridades; incrementar la injerencia de los gobiernos locales; y tomar todas las medidas administrativas necesarias para que las áreas de Personal, de Logística y de Gestión de los Sumarios Administrativos pasen a depender directamente del Ministerio de Seguridad”.
También constituyó el “Fondo para la Asistencia a la Seguridad Pública y Prevención Ciudadana – Ley 13297”, con el 10 por ciento de lo recaudado por concepto de Impuesto al Sello y permitió la compra de equipamiento y la disposición de recursos de una manera mucho más ágil y menos burocrática.
