Este sábado las fiscales Gabriela Lema y Lorena Korakis acusaron formalmente a los agentes de la Seccional Tercera de haber causado “tormentos físicos y sufrimientos psíquicos de gravedad” contra dos jóvenes que se encontraban detenidos por la comisión de delitos.
Siete policías que prestaban funciones en la comisaría Tercera de la ciudad de Sunchales (departamento Castellanos) fueron imputados hoy como coautores del delito de torturas. Además, a un octavo agente de la fuerza pública provincial se le atribuyó la autoría del delito de encubrimiento agravado, informó el Ministerio Público de la Acusación en un comunicado oficial.
Las imputaciones fueron realizadas por las fiscales Gabriela Lema y Lorena Korakis en ocho audiencias sucesivas llevadas a cabo esta mañana en los tribunales de la ciudad de Rafaela. La jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) fue Cristina Fortunato. Por su parte, el Fiscal Regional de la Quinta Circunscripción Judicial, Diego Vigo, estuvo presente en las audiencias para respaldar la tarea investigativa de las fiscales.
Los imputados como coautores del delito de torturas son la subinscpectora SS de 42 años; el subcomisario F.H.M. de 38 años; el oficial J.A.C. de 31 años; y cuatro suboficiales: C.A.M. de 21 años; B.E.G. de 25; M.L.O. de 30 y M.I.A. de 38. Por su parte, el encubrimiento agravado fue atribuido al comisario LMG de 36 años.
En torno a la audiencia de prisión preventiva y de acuerdo a lo resuelto esta mañana, las medidas cautelares para los ocho imputados serán debatidas en una audiencia a realizarse el próximo lunes a partir de las 7:30. Las fiscales Lema y Korakis adelantaron que solicitarán la prisión preventiva de los ocho policías.
Torturas
“Los delitos que investigamos fueron cometidos el viernes de la semana pasada entre las 5:10 y las 6:00 de la mañana en la comisaría Tercera de la ciudad de Sunchales ubicada en avenida Belgrano 386”, informaron las fiscales Lema y Korakis. “Las víctimas fueron dos hermanos que estaban legítimamente privados de su libertad en la sede policial, a los que le impusieron tormentos físicos y sufrimientos psíquicos de gravedad”, sostuvieron.
Las funcionarias del MPA argumentaron que “los siete imputados como coautores de torturas actuaron de común acuerdo, en forma conjunta y mediante el reparto de tareas”.
De acuerdo a lo relatado por las fiscales en las audiencias, “los hermanos detenidos fueron llevados a la cocina–comedor de la dependencia policial, fueron obligados a arrodillarse –uno de ellos maniatado por la espalda con precintos y el otro esposado– y luego fueron golpeados en distintas partes del cuerpo”.
Las fiscales subrayaron que “a uno de los detenidos le bajaron el pantalón y lo amenazaron con abusarlo sexualmente. Además, utilizaron un palo de madera para golpear a uno de los detenidos en distintas partes del cuerpo, hasta que cayó al piso y comenzó a toser”. Detallaron también que “minutos más tarde, volvieron a propinarles golpes de puño y patadas a los detenidos”.
“A uno de los detenidos también le colocaron una bolsa de nylon en la cabeza, mientras que al otro lo empujaron contra un ventanal de vidrio, el cual atravesó con las manos esposadas, lo que le provocó graves heridas en distintas partes del cuerpo”, precisaron.
“Aproximadamente 15 minutos después, el comisario imputado llegó al lugar. Tomó conocimiento de los tormentos infligidos a los dos detenidos, insultó a uno de ellos y con el fin de procurar la impunidad de los delitos cometidos e incumpliendo los deberes a su cargo, no comunicó debidamente a la autoridad competente lo sucedido” remarcaron las fiscales. “Además, ordenó al personal que limpiara el lugar y sacara los vidrios del ventanal roto. Sus subordinados realizaron la indicado, razón por la cual, alteraron la escena del hecho e hicieron desaparecer los rastros del delito cometido”, concluyeron.
Deber de investigar
Luego de la audiencia, Vigo, Korakis y Lema brindaron una conferencia de prensa en la sede de la Fiscalía Regional en Rafaela y sostuvieron que “la tortura es un ilícito que deslegitima al Estado”. “Es deber funcional, legal y constitucional del MPA perseguir este aberrante delito que establece penas muy graves y que merece un abordaje muy claro y muy firme en la investigación”, afirmó.
El Fiscal Regional también dijo estar “totalmente de acuerdo con el vecino que reclama seguridad y que no quiere que haya impunidad”, no obstante advirtió que “somos una República y no podemos permitir que cualquier circunstancia delictiva justifique que una persona salga de una comisaría en ambulancia y al borde de la muerte”.
En relación a las investigaciones en las que los jóvenes torturados son imputados por la autoría de distintos delitos, Vigo aclaró que “son investigaciones que siguen su curso y que, de ninguna manera, se excluyen con esta de lo que ocurrió en la sede de la comisaría. Es decir, tenemos dos investigaciones paralelas en las que los fiscales siguen trabajando”.
