Hace escasos dos meses, para ser exactos, durante los días 12,13 y 14 de noviembre de 2014, se desarrollo en Buenos Aires (predio de La Rural), el Segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Fueron panelistas en el mismo (entre otras figuras muy destacadas) los premios Nobel Paul Krugman y Amartya Sen.
¿Cuál era el objetivo? El desafío es que las empresas puedan alinear sus objetivos de rentabilidad con los objetivos sociales y de desarrollo de la comunidad.
En muchos casos se sigue pensando que la responsabilidad social empresaria es una acción filantrópica, una dádiva para quedar bien con el entorno.
Pero una cosa es la responsabilidad social y otra cosa la filantropía. Que se entienda, no está mal para nada que haya acciones filantrópicas, pero ocurre que con eso no alcanza, porque lo central es comprometerse desde la ética con las cosas que tienen que ver con el interés público.
Esto significa que tiene que haber una convergencia entre el Estado, las empresas, la sociedad, las organizaciones civiles, entre otras, trabajando en equilibrio para mejorar las condiciones de vida de la población.
Cuando empezamos a pensar desde la ética, desde los valores que nos enaltecen como personas, es cuando surgen en el Estado las políticas públicas que priorizan a la gente.
L a esencia es que a las empresas les importe el impacto que tiene su actividad en la calidad de vida de la comunidad donde se desenvuelve.
Un buen ejemplo de lo que decimos será la plena vigencia en nuestra comunidad de la Ordenanza nro 1299/12, también llamada de “Protección y Resguardo Ambiental”. Es bueno recordar que la misma establece en su artículo 7° que a partir del 1 de enero de 2015 rigen en todo el distrito Ceres los 700 mts libres de fumigación a partir de los límites de la zona urbana. Seis meses después, el 3 de junio de 2015, expira el tiempo para que los depósitos de agroquímicos existentes en la zona urbana, salgan de la misma.
No es esta una decisión caprichosa ni antojadiza. El recientemente difundido trabajo del Grupo GEMA (Grupo de Genética y Mutagenesis Ambiental), investigadores de la Universidad Nacional de Rio Cuarto, establece que hay una vinculación “clara” entre glifosato y mutaciones genéticas que pueden derivar en cáncer, generar abortos espontáneos y nacimientos con malformaciones. Estos argumentos ya los habíamos esgrimidos en el año 2012, cuando defendimos la sanción de la Ordenanza, este nuevo estudio, absolutamente serio y con base científica, corrobora cada una de las cosas que dijimos.
Una luz más de alarma que se enciende y que sería insensato desoír.
No se trata aquí (una vez más lo decimos) de demonizar a nadie, ni de ponerles palos en la rueda a quienes producen (un argumento que usan permanentemente quienes se niegan a ver el problema), aquí hay una verdad inapelable: el uso de agroquímicos subió exponencialmente y paralelamente a ello, fueron aflorando problemas que fue imposible disimular. Esta cuestión también estuvo presente en el Segundo Congreso de Responsabilidad Social, alguien acotó que se trataba de un tema que hasta el momento se había mantenido en silencio.
El desafío es, entonces, como avanzar en la calidad de vida de la población a través de las acciones de la responsabilidad social empresaria en conjunto con las políticas públicas. Si logramos instalar masivamente la idea de que la responsabilidad social es clave para desarrollar nuestras localidades, habremos dado un gigantesco paso adelante.
Entre el estado municipal y los empresarios rurales, existe un tercer actor que es fundamental: la sociedad. Es la sociedad la que “empuja” para que el sector público y los empresarios definan políticas cada vez mas éticas y comprometidas con el bienestar de la población.
Entre un montón de personas que viven en un mismo lugar y una comunidad en el mejor sentido de la palabra hay una diferencia gigantesca. Entre los primeros puede existir la falta de compromiso, el desentenderse de los demás, el decir alegremente “hago la mía y no me importa la suerte del resto”; en el caso de una comunidad eso es imposible, no se puede avanzar sin pensar en el conjunto, no se puede ser, sin ser de todos.
Entonces: cumplir con la Ordenanza 1299/2012 es una obligación legal. Pero la responsabilidad social no es una obligación legal, es un imperativo ético.
Carlos Masento
Concejal Map – Nuevo Encuentro
