Los ministros de Seguridad, Raúl Lamberto; y de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis; la intendente de la ciudad de Rosario, Mónica Fein; el procurador de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Barraguirre, y el fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Julio De Olazábal; encabezaron esta mañana un encuentro con fiscales, jefes policiales, legisladores, autoridades locales y especialistas; con el objetivo definir lineamientos de acción integrales y conjuntos entre todas las áreas en materia de control de armas y prevención de violencia armada.
PUNTOS DEL ENCUENTRO
En el marco del encuentro se consensuaron algunos puntos claves frente a esta problemática:
>> Implementar acciones conjuntas entre los municipios y el Ministerio de Seguridad, con la colaboración del Ministerio Público de la Acusación -y el Ministerio Público Fiscal anterior-, con el fin de erradicar el comercio ilegal de armas y municiones.
>> Establecer una base de datos única entre el Ministerio de Seguridad y el MPA para el registro de armas y municiones que involucre las pertenecientes a las fuerzas de seguridad, a civiles y las secuestradas por hechos ilícitos.
>> Implementar un procedimiento de destrucción periódico y permanente de las armas y municiones secuestradas por parte del Ministerio Público de la Acusación y el Poder Judicial en coordinación con el Registro Nacional de Armas (Renar).
>> Coordinar la implementación de protocolos en forma conjunta con el Poder Judicial y el MPA para establecer mecanismos efectivos de control de los depósitos judiciales.
>> Coordinar con el Renar la implementación de mecanismos de control sobre los vendedores autorizados de armas y municiones así como el intercambio eficiente de información.
>> Conformar un Consejo Consultivo para coordinar las políticas de control de armas, con participación de la sociedad civil y la Red Argentina de Desarme.
En el contexto de la reunión, Lamberto informó que se creará, al interior del Ministerio de Seguridad, un área específica con rango de subsecretaría. La misma tendrá a su cargo “la planificación e implementación de políticas públicas que apunten a reducir los niveles de violencia armada, a partir de una estrategia integral de control y educación que evite el fácil acceso a armas y municiones, y que al mismo tiempo desaliente su uso”. 
