Recientemente el Ministerio de Energía y Minería de la Nación ha anunciado un aumento del precio de la generación de energía eléctrica a nivel nacional que afecta indefectiblemente a las distribuidoras mayoristas de todo el país que pagan a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) la energía que produce y que luego trasladan a todos los usuarios.
La Empresa Provincial de la Energía desde el año 2008 a esta parte ha aumentado sus tarifas en más del 400 por ciento, pese a que durante ese mismo lapso compró la energía a un precio subsidiado que aumentó solamente un 120 por ciento.
Los diputados provinciales e integrantes del bloque Frente Justicialista para la Victoria, Héctor Cavallero, Roberto Mirabella, Silvia Simoncini, Germán Bacarella y Patricia Chialvo presentaron un proyecto de comunicación solicitando al gobierno provincial la disposición de los medios necesarios para que el aumento de tarifa eléctrica, anunciado por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación que afecta a las distribuidoras mayoristas de todo el país, sea absorbido por el Poder Ejecutivo Provincial a fin de que no sea trasladado a los usuarios, atenuando así el impacto económico de tal medida en la población. Y que, al mismo tiempo, garantice el financiamiento necesario para que la Empresa Provincial de la Energía brinde a los ciudadanos un servicio de óptimas condiciones técnicas y sin interrupciones.
Es por ello que consideramos que trasladar un nuevo aumento de la tarifa eléctrica a los usuarios (sean residenciales, comerciales o industriales), no hace sino empeorar la difícil situación económica por la que atraviesan los ciudadanos, amenzando incluso la sustentabilidad de las fuentes de trabajo. Ante tal situación es obligación del Poder Ejecutivo Provincial articular todos los medios a su alcance para que tal aumento no sea impuesto a los usuarios sino asumido por la Empresa Provincial de la Energía.
Por lo demás son innumerables las quejas de los usuarios por el deficiente servicio que la Empresa brinda, con cortes de suministro reiterados, bajas de tensión etc. Al respecto es también deber del Poder Ejecutivo garantizar a la población un suministro eléctrico adecuado, poniendo a disposición de la Empresa Provincial de la Energía los recursos económicos necesarios al efecto.
