Según informaron desde el Municipio de Campana, el pasado domingo a las 7:20 un conductor en un Chevrolet Onix (color bordo) circulaba de contramano a alta velocidad por la Panamericana (km 76,5), poniendo en alto riesgo su vida y la de terceros. Detenido e identificado el conductor, el test de alcoholemia dio 1,60 g/l de alcohol en sangre (3 veces el máximo tolerado). En otro hecho, en Flores (CABA), otro conductor muy alcoholizado chocó contra otro vehículo, escapó y terminó dentro de una librería.
Una vez más, estos casos ponen de manifiesto la urgente necesidad de legislar los Delitos contra la Seguridad Vial a nivel nacional, en particular el de la conducción con exceso notable de alcohol, antes de que potenciales homicidas del tránsito, como estos, lleguen a matar.
La conducción con muy alta concentración de alcohol implica un peligro tan grande para la vida de los terceros, que debe ser sancionada con la máxima expresión de la repulsa social, convirtiéndolo en un “delito”, propuesta de Luchemos por la Vida.
El delito propuesto –entre otros- en dos oportunidades a los legisladores (y que ni siquiera se molestaron en tratar), consiste en penar con prisión e inhabilitación especial para conducir automotores a quien condujere cualquier tipo de vehículo automotor con una tasa de alcohol en sangre superior a 1 gramo por litro.
Estos delitos ya existen en los países exitosos en su lucha contra las muertes en el tránsito, pudiendo mencionarse el caso cercano de España, vigentes desde hace varios años, y estimándose su implementación una contribución muy importante a la reducción de las muertes en ese país.
Estamos hablando de “delitos”, y no de una simple infracción o contravención, de las cuales la experiencia cotidiana muestra que es fácil escapar con total impunidad.
Transformar esta conducta de altísimo riesgo para las vidas de todos en un delito, en todo el territorio nacional, y que puede significar al responsable la pérdida de su libertad, transformándose en un simple “delincuente”, con la condena social que ello implica, será un avance imprescindible para salvar muchas vidas, que debemos incorporar con urgencia a nuestra legislación penal.
Dr. Alberto Silveira, Presidente
