La directora provincial del Iapos, Soledad Rodríguez, firmó el 10 de abril la disposición N° 24 mediante la cual se aprueban nuevos aranceles desde marzo para los prestadores, cuya consecuencia simultánea es un efecto cascada sobre los precios de órdenes de consulta, bonos asistenciales y el servicio complementario para los afiliados a partir de mayo.
En el acto administrativo, la funcionaria argumenta la necesidad de que “los valores arancelarios se mantengan actualizados, ya que de ello depende la sustentabilidad de los acuerdos contractuales que la Obra Social mantiene con sus prestadores”. Agrega en ese sentido que el aumento “debería estar de acuerdo con los valores que el mercado ligado con la economía del sector de la salud registra tanto en el ámbito provincial como nacional”, aunque condicionados a “los mayores ingresos que dispondrá este organismo producto de la política salarial”. También menciona la “la incorporación de prácticas que se consideren pertinentes para resolver el problema de la salud”.
No hay mención en los fundamentos que se haya evaluado el impacto sobre los bolsillos de los afiliados. Se podrá decir, con toda razón, que la disposición no refiere al precio de los órdenes, bonos y servicio complementario, pero lo cierto es que tiene un impacto directo. En otro decisorio pero del 13 de diciembre de 2017, con vigencia desde 2018, se resolvió que “el valor de la Orden de Consulta Médica resultará equivalente al 20% del valor que el Instituto determine en cada política arancelaria para las ‘Consultas Médicas’”. A la vez, el precio de los bonos quedó establecido en el 20% de la orden y el Servicio Complementario en el monto equivalente a 4 (cuatro) órdenes.
De acuerdo a los nuevos aranceles, las consultas médicas quedaron fijadas en $ 415. Y así, a modo de cláusula gatillo, las órdenes saltan de $ 60 a $ 83, los bonos de $ 12 a $ 17 y el Servicio Complementario de $ 240 a $ 332. Es un 38,3% de aumento.
Según la disposición de fines de 2017, el valor de la orden debía modificarse “en el mismo acto administrativo que disponga la política arancelaria y a partir del mismo mes en que se incremente cada valor”. En este caso no se va cumplir a rajatabla ya que el aumento regirá desde mayo. La lectura política es inevitable: el 28 de abril son las elecciones primarias.
