Si algo le pedía el votante al nuevo gobierno que ingresó en diciembre del año pasado eran «cambios profundos», y la administración de Alberto Fernández ya piensa en modificar los planes sociales que paga el Estado, con la idea de que sus beneficiarios tengan la obligación de brindar un servicio a la comunidad.
Este proyecto está siendo evaluado por diversos funcionarios como los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el secretario de Economía Social de la Nación, Emilio Pérsico; y el subsecretario de Promoción de la Economía Social, Daniel Menéndez, y apuntaría a trabajar de forma conjunta con provincias y municipios para asegurar a estos trabajadores en primera instancia una prestación igual a un salario mínimo, vital y móvil.
En tanto, el diputado provincial del Frente de Todos, Miguel Arias, dijo que a fin de este mes el Gobierno pondrá en marcha un programa de trabajo que garantice una prestación y un salario mínimo, vital y móvil a todos los beneficiarios de planes sociales del país.
Del encuentro participaron los intendentes Raúl Rulo Hadad (San Roque), Vilma Ojeda (San Isidro), Fabiana Acevedo (Mantilla), el diputado justicialista, César Acevedo, entre otros dirigentes correntinos.
«Después del 20 de febrero, el Gobierno quiere poner en marcha una nueva modalidad de planes sociales para que las personas que reciben puedan tener garantizado un trabajo como contraprestación y un salario mínimo», explicó Arias.
Agregó que la Nación va a implementar un nuevo sistema por el cual las personas que reciban un plan social, en el marco de una política de seguridad social, tendrán un trabajo.
«El salario mínimo se va a conformar en un 50 por ciento con recursos de la Nación y la otra mitad deberán completar las Provincias, los Municipios o las instituciones donde los beneficiarios cumplan una tarea laboral», agregó Arias.
