El gobierno provincial suscribió este jueves 30 convenios con comunas de la Región 2, Nodo Rafaela, mediante los cuales se dispone que los trámites no penales que se realizaban en las comisarías se traspasen a oficinas de esas localidades. En toda la provincia, son más de 210 los acuerdos ya suscriptos.

El convenio posibilita que las comunas puedan expedir los certificados de domicilio y supervivencia, con la finalidad primordial de restarle tareas de índole administrativa a la policía.

El acto de firma de los convenios tuvo lugar en la sede del Centro Cívico Región 2 del Nodo Rafaela, ubicada en Santa Fe 2771. Del acto participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis; el subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Claudio Stocco; el coordinador del Nodo Rafaela, Omar Martínez, e integrantes de las diferentes comunas que participaron de la firma de los convenios.

“Esta medida forma parte de un nuevo concepto de Estado”, señaló Lewis, al tiempo que reiteró la necesidad de “una profunda modernización” para atender las demandas de la ciudadanía. “De esta manera se empieza a jerarquizar la actividad policial”, agregó.

LOS CONVENIOS

Se firmaron convenios con las comunas de Ambrosetti, Colonia Rosa, Tacural, Monigotes, Colonia Clara, Colonia Bicha, Ataliva, Colonia Bossi, Las Avispas, Palacios, Crispi, Colonia Iturraspe, Huanqueros, Esteban Rams, San Guillermo, Colonia Hugentobler, La Rubia, Presidente Roca, Colonia Margarita, Fidela, Bigand, Bella Italia, Estación Saguier, Pueblo Marini, Soledad, Villa San José, Colonia Aldao, Virginia, San Bernardo y Arrufó.

El titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos señaló que las reparticiones municipales y comunales “son las más idóneas y están mucho mejor preparadas para atender a los vecinos; tienen el entrenamiento adecuado para esa tarea y la proximidad necesaria”. Asimismo, agregó que “junto con el traspaso de los trámites también se protocolizó la operatoria y registración de los mismos para hacerlo en forma “más ordenada”.

Según el artículo 3º de la ley de Emergencia en Seguridad, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la jurisdicción que estime pertinente, puede articular la implementación de un sistema de trámites no penales, que antes realizaba el personal policial, que pueda ser efectivizado desde otras dependencias estatales, comunales, municipales o provinciales, diferentes a las policiales.

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