Silvia Augsburger y Rubén Giustiniani, integrantes del bloque “Igualdad y Participación” del Frente Progresista, solicitaron que se dejen sin efecto los aumentos en la tarifas de energía eléctrica dispuestos por el Gobierno Provincial desde el 1 de febrero pasado.
A cambio, y para contrarrestar el incremento de la energía que la EPE debe afrontar ante el mercado mayorista eléctrico (CAMMESA), propusieron gestionar ante el Gobierno Nacional que se compense la deuda que la Nación tiene con la provincia de Santa Fe en concepto de devolución del 15% de coparticipación, imputándolo al pago de la compra de energía.
“Buscamos alternativas para que no se aplique este segundo aumento que va a tener un gran impacto no sólo en la tarifa a residentes domiciliarios sino también en las pymes e industrias, que directamente no van a poder pagar la boleta», advirtió Giustiniani.
“El aumento no debe recaer en el bolsillo de los santafesinos y santafesinas, creemos que se debe re-discutir para repartir las cargas que significan esta quita de subsidios a la empresa mayorista y que no se vuelquen en su totalidad a quienes utilizan este servicio público”, amplió la diputada Augsburger.
Cabe recordar que en diciembre de 2015 se produjo un aumento de la energía eléctrica del 26,9 por ciento, el cual impactó en la factura de febrero. A partir del 1 de febrero se sumó otro aumento de entre el 42 y el 58%. Esto determina que para el mes de abril los y las usuarias residenciales estarán recibiendo facturas de luz con incrementos cercanos al 100 % respecto a lo abonado en noviembre, mientras que en el sector de grandes industrias y comercios los aumentos oscilarán hasta el 230%.
MARCO REGULATORIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
En este marco, l@s diputad@s del bloque Igualdad y Participación, junto al radical Palo Oliver y la participación de Marcos Aviano –representante de CESyAC- y Alberto Muñoz– Unión de Usuarios y Consumidores – presentaron hoy en Rosario los alcances de su proyecto de ley para regular los servicios públicos en la provincia, incluidos agua, energía, concesiones viales provinciales, transporte de pasajeros y futuras empresas que se creen.
La iniciativa es una herramienta fundamental con la que cuenta el Estado para para fijar los deberes de las empresas prestatarias y los derechos de las y los usuarios, regular las tarifas y delimitar las funciones de los entes reguladores.
También estipula una fuerte participación de l@s usuari@s que proteja sus derechos ante cualquier abuso y deficiencia de las prestatarias; y audiencias públicas previas y obligatorias ante cualquier suba de la tarifa.-
Lunes 21 de Marzo de 2016
